Los profesionales que se dedican a la administración de fincas esperan a través de un decreto del Govern de la Generalitat de Cataluya la regulación de su actividad. En total más de 3000 personas que gestionan el 80% del parque inmobiliario territorial.

El Govern ha autorizado a la Consellería de Derechos Sociales la realización de una consulta pública previa a la realización del decreto.

El objetivo es adecuar la actividad de estos profesionales a lo que establece la Ley del derecho a la Vivienda y el Código Civil catalán, ofreciendo así una mayor protección a los usuarios. Los requisitos legales y reglamentarios necesarios serán regulados en el decreto para garantizar el desarrollo de las funciones de estos profesionales y mejorar el grado de conocimiento que los consumidores tienen sobre la capacitación y calidad de estos profesionales.

Con ello la administración también refuerza su capacidad para garantizar el buen funcionamiento de los servicios y la atención que reciben los usuarios para que todos los que operen en el mercado trabajen en libre competencia según la legislación.

fuente: europapress.es